Ebrard: “Tenemos pruebas de la negligencia de las empresas fabricantes de armas”

El canciller aseguró que brindaría más información sobre la investigación de parte de la corte de Boston sobre el tráfico de armas en el país.

México sigue creando acciones para disminuir el tráfico ilegal de armas en el país y la entrada por medio de la frontera con Estados Unidos.

Para ello, presentó una demanda a las empresas armamentísticas de Estados Unidos por negligencia que promueve y facilita los actos delictivos a finales del 2021.

Sin embargo, dichas empresas pidieron a la corte de Boston, Massachusetts, que desestimara el caso y no se tome en consideración, alegando que ninguna de ellas promueve ni facilita el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican.

Este lunes, 31 de enero, México respondió ante la corte de Boston los argumentos de lar armerías de Estados Unidos que pidieron desechar la demanda presentada por el gobierno de México.

Por medio de la red social Twitter, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores informó que “presentamos en tiempo y forma, ante la Corte de Boston, las pruebas de negligencia de las empresas fabricantes de armas demandadas por el gobierno de México”.

Señalando que las empresas armamentísticas si tienen responsabilidad de que las armas que venden terminen en manos del crimen organizado.

Apoyo extranjero para disminuir el tráfico de armas

Además de la respuesta del gobierno mexicano, los gobiernos de Antigua y Barbuda y Belice, media docena de organizaciones estadounidenses para el control de armas como Everytown o March for Our Lives, y una treintena de fiscales de distrito de varios condados y ciudades de Estados Unidos presentaron un documento de apoyo a la demanda mexicana, y acusan a las armerías de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas al país.

En diciembre de 2021, la propuesta de México contra el tráfico de armas fue avalada por la ONU.

Con la aprobación de la propuesta, se convocó al pleno cumplimiento de las resoluciones que existen en la materia, tomando en cuenta que todo lo aprobado por el Consejo de Seguridad es vinculante y, de no cumplirse, se aplican sanciones.

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