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Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez desean colaborar con la Fiscalía General de la República

gabriel Dic 28

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez se mantienen prófugos de la justicia, y puede que quieran negociar con la FGR a cambio de su libertad.

Inés Gómez Mont
Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez

Han pasado dos meses desde que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez  son prófugos de la justicia mexicana. Según información extraoficial, la pareja ha mantenido se ha mantenido en negociaciones para evitar ir a la cárcel.

Recordemos que en octubre del 2021 la Interpol emitió un comunicado para buscar a Gómez Mont y Álvarez en 190 países.

Hasta el momento la pareja no ha reaparecido públicamente. A pesar de esto, los abogados de la conductora de televisión y su esposo, mantienen contacto con la Fiscalía General de la República. Se cree que la pareja desea colaborar con información de relevancia puesto que se les acusa de delincuencia organizada.

A pesar de ello, se afirma que hasta el momento no se les ha otorgado a Gómez Mont y Álvarez ningún tipo de beneficios que eviten el juicio por defraudar al fisco a través de empresas fantasmas.

Por otro lado, la pareja además de enfrentar acusaciones por delincuencia organizada, enfrentan cargos relacionados a delitos fiscales y lavado de dinero por más de tres mil millones de pesos mexicanos.

Orden de aprehensión a Inés Gómez Mont y su esposo

En septiembre del presente año las autoridades publicaron la orden de aprehensión en contra de la pareja. Es posterior a esto que se inició con un operativo de búsqueda a la conductora de televisión y a su esposo.

Inés Gómez Mont debe ser ingresada a la prisión federal femenil en el estado de Morelos. Mientras que Víctor Manuel Álvarez deberá ser privado de su libertad en el penal federal de Almoloya de Juárez en el estado de México.

La presentadora de televisión expresó por redes sociales que esto se trata de una persecución de mala fe que se suscita con varias irregularidades.

Es importante mencionar que si se comprueba su culpabilidad y la de su esposo, podría tener una pena desde los 20 a los 60 años de prisión.

Hasta el momento según información extraoficial la pareja se ha estado movilizando vía marítima  en varios países de Sudamérica, situación que ha dificultado más su captura.

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